Para muchas administraciones la auditoría es un hecho publicitario. Tratan de convencer a los socios e hinchas que todo va bien a través de campañas publicitarias, pero sin admitir un examen de los libros y documentación contable por parte de quienes no integran su propia estructura de gobierno. La Comisión Fiscalizadora depende políticamente de la Comisión Directiva y sus informes terminan siendo intrascendentes, carentes de objetividad e imparcialidad. Ven en la auditoria una amenaza porque creen que le brindan información a sus adversarios políticos.

Para nosotros, por el contrario, la auditoria es un deber y un derecho de quienes administran bienes ajenos. Es un deber porque es el modo brindar la totalidad de la información  de la gestión al asociado. Es un derecho, porque permite al Directivo ir con la frente alta. Las cuentas claras, no siembran sospechas sino que conservan la amistad entre los socios y los Directivos.

Y la auditoria debe ser permanente. Esto significa que es necesario auditar a la actual administración, a las administraciones pasadas y a las administraciones futuras y que cualquier irregularidad que se observe, si no es debidamente aclarada, debe ser denunciada ante la justicia. Sin auditoria ni denuncias judiciales se  invita a participar en la administración de nuestro Club a inmorales, que saben que pueden mejorar su posición y fortuna sin que existan controles ni riesgos. Así aparecen los Dirigentes ricos en clubes cada día más empobrecidos.

El proyecto de ley que presentamos ante la H. Cámara de Diputados establece diversos modos de fiscalización, a saber:

1. 1)Fiscalización interna, a cargo de la Comisión Fiscalizadora. (ver artículos 43 a 49)
   

2. 2)Auditoria externa, mediante auditorías trimestrales cuyos informes se asentarán en libro especial y rubricado. (ver artículos 50 y 51).
   

3. 3)Fiscalización de asociado, regulando procedimientos administrativos y judiciales a fin que cada socio pueda acceder a la información contable en caso de negativa o reticencia de la administración (ver artículos 52 y 67).
   

4. 4)Fiscalización pública, a través de la Inspección General de Justicia (ver artículos 68 y 69).